Cuando pensamos en el devenir del futuro, en el cambio de modelo productivo, en la reasignación de recursos productivos lastrados por una burbuja ya reventada, en las políticas activas de lucha contra el paro y la caída de la actividad económica, nos viene siempre a la cabeza la palabra mágica: I+D+i.
Como país avanzado que somos, estamos obligados a pensar que hay otras formas de avanzar en el desarrollo económico que no releguen toda la mejora técnica en ajustes vía salarios y la destrucción de un estado minado de obstáculos ideológicos. Y en el siglo XXI, el concepto que despierta un mayor sentimiento de positivismo y esperanza, de futuro creíble y alcanzable, es la investigación y la innovación.
Por ello, no nos hartamos de ver en debates públicos, en argumentos políticos, en informes económicos y proyectos institucionales una apuesta por esta vía de crecimiento que, sin embargo, aun deja mucho que desear.
Relación público-privada
Podemos echar un simple vistazo por la estadísticas de Eurostat para comprobar que España no destaca por su inversión en el sector del I+D+i.
Con un peso del 1,39% sobre el PIB, inferior al peso del conjunto europeo, con un 2%, y lejos de los países del norte a los que supuestamente queremos imitar.
Si miramos qué proporción de la inversión corresponde al estado veremos que es de las más altas de la Unión Europea, pero es más por lo bajo que es el denominador (inversión total), que otra cosa. Si comparamos la inversión pública como tal en relación con el PIB, en 2010 era en España de un 0,65%, inferior a la media europea del 0,7%.
Por tanto, ni en España el sector público español dedica más recursos que los países de nuestro entorno al sector de la investigación y el desarrollo, ni el sector privado ha podido disminuir el gap con respecto al resto de países. Sobre todo, porque, como es fácil de ver, una mayor inversión publica no disminuye, sino que potencia, la inversión privada, tanto directa como indirectamente, a través de spill-overs tecnológicos.
En el anterior gráfico tenemos en el eje horizontal el peso de la inversión con financiación pública en I+D+i sobre el PIB, y en eje vertical el peso con financiación privada (aparecen todos los países de la UE, excepto Grecia y Suiza). La regresión muestra una correlación estadística claramente positiva, en donde un aumento del 1% en la inversión pública aumenta en un 2,6% la inversión privada.
En el anterior gráfico tenemos en el eje horizontal el peso de la inversión con financiación pública en I+D+i sobre el PIB, y en eje vertical el peso con financiación privada (aparecen todos los países de la UE, excepto Grecia y Suiza). La regresión muestra una correlación estadística claramente positiva, en donde un aumento del 1% en la inversión pública aumenta en un 2,6% la inversión privada.Pero la relación es algo más compleja para que la respuesta sea el típico “hay que gastar más”, una simplificación que a veces es necesario recordar, pero que se queda corta como argumento político de la necesidad y la posibilidad de una actuación pública con gran peso y mejor diseño en la estructura de estos sectores tan específicos.
El sector del I+D+i
Tanto en un paper del European Network of Economic Policy Research Institute (1), un completo análisis de la OCDE sobre el impacto de la inversión pública en la inversión empresarial (2), o en un completo survey sobre las diversas políticas que pueden impulsar la innovación (3), podemos encontrar los diversos efectos encontrados en la relación público-privada.
El perfil de las empresas innovadoras es ciertamente específico. Las de carácter industrial son empresas grandes y conglomerados industriales cuya innovación no solo recae en la elaboración de nuevos productos que disponer a la venta, sino en la mejora de los procesos productivos que disminuyan los costes de producción.
Por otro lado tenemos empresas pequeñas, productoras de bienes o servicios muy específicos, que nacen en muchos casos alrededor de una idea, servicio o producto innovador. Si bien generalizar el perfil de la empresa innovadora quizá sea imposible, por su propio carácter de diferenciación, el riesgo asociado a una innovación poco fructífera, el carácter de los spill-overs (conocimientos que se transfieren entre empresas de manera indirecta o no comercial), y la necesidad de elementos muy específicos y altamente tecnológicos (tanto en capital físico como humano) serian características comunes del sector del I+D+i.
El carácter de actuación desde las instituciones públicas se dispone, por tanto, en tres frentes, de mayor a menor grado de participación en el proceso productivo.
Investigación pública:
Las universidades públicas (como entidades semi-independientes), o diferentes instituciones o proyectos públicos que se dedican a la investigación suelen estar relacionados con el sector del conocimiento y no tanto con el desarrollo de nuevos productos que disponer a la venta. Su carácter tiene, por tanto, un ámbito de beneficio o bien público. El CSIC, la mayor institución pública dedicada al ámbito de la investigación tiene como propósito “el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, con el fin de contribuir al avance del conocimiento, y al desarrollo económico, social y cultural, así como la formación de personal, y el asesoramiento de entidades públicas y privadas”.
Es la forma más directa por parte de la actuación pública de aumentar el peso de la investigación en la economía, pero el propósito no es tanto el innovar (aunque puede ser una consecuencia de la misma) sino el aumento y difusión del capital humano necesario para el buen desenvolvimiento del país, donde las universidades juegan un papel crucial para la formación e instrucción de una manera más inclusiva.
Financiación pública:
Las empresas que reciben financiación pública invierten entre un 40% y un 70% más que aquellas que no obtienen apoyo público, según un informe de la OCDE (4). Esto es importante sobre todo a la hora de iniciar el proyecto empresarial, por la necesidad de un capital riesgo (asociado a proyectos empresariales pequeños con alto riesgo pero con una gran capacidad de generar beneficios si el proyecto sale bien) y la potenciación de la financiación desde instancias públicas es, en muchos casos, crucial.
Existen ya muchos proyectos de “incubadoras” empresariales, donde las instituciones públicas generan un espacio público que permiten usar a los proyectos seleccionados previamente. De esta forma, las empresas pueden empezar a crecer sin la necesidad de un coste inicial muy alto derivado de una necesaria localización de trabajo, y alimenta la colaboración e interrelación entre diferentes ámbitos de la investigación y la actividad empresarial. Obviamente esto no se limita a las empresas de carácter innovador, pero si es especialmente beneficioso en estas, puesto que también se puede aumentar la ayuda con recursos públicos de capital físico (como pueden ser elementos computacionales, material específico, etc).
No hablamos solo, por tanto, de una financiación monetaria directa, tanto como transmisión dineraria como a través de benéficos fiscales, sino también de ayudar y prestar bienes en especie.
La colaboración público-privada, también puede incubar grandes proyectos de investigación. Las universidades pueden prestar sus conocimientos y colaborar de manera directa con ciertos proyectos empresariales que necesiten de diferentes estudios de mercado o investigaciones específicas que puedan costear pero no sepan como iniciar. Desde mi punto de vista, el objetivo de la universidad no debe relegarse al servicio de los objetivos y necesidades del mundo empresarial, pero eso no quiere decir que no pueda colaborar positivamente con él.
Colaboración pública:
En último lugar, el sector público puede servir como catalizador de la interacción entre diferentes empresas, así como fuente de transmisión directa del conocimiento necesario para la investigación y la innovación.
Así, no solo puede fomentar la exportación de las empresas nacionales (a través de proyectos de colaboración y matchmaking, de búsqueda de clientes a nivel internacional, y el establecimiento de lazos comerciales), que puede resultar difícil para una pyme y mucho más sencillo desde una cámara de comercio. Esta exportaciones genera unas redes internacionales que potencian aun más la investigación y la innovación y mejora la probabilidad de supervivencia de la empresa.
Además, la organización de eventos como workshops, conferencias, sistemas de educación de empresarios, eventos de marketing, o la puesta a disposición de expertos (tanto empresariales, como consultores, como investigadores) pueden dar pie a que el nacimiento de una empresa sea mucho más fructífera, sobre todo si está lejos de la “frontera tecnológica” a la que suelen estar próximas tanto universidades como empresas ya exitosas, deseosas de nuevas ideas.
Mayor dedicación, mayor esfuerzo público
Muchas de estas prácticas ya se hacen, tanto a nivel nacional como local (el ámbito de actuación geográfico también varía según cual sea el objetivo y la estructura productiva de cada región). Pero hace falta una apuesta más decidida por estas prácticas, un plan nacional dedicado a impulsarlas y fomentarlas, en los tres ámbitos de actuación dispuestos.
Como fuente de conocimiento y capital humano de manera inclusiva y abierta, como forma de financiación y apoyo directo a emprendedores (que no se base solo en palabras, sino en hechos, que beneficie y permita impulsar un sector tan necesario), y como forma de transmisión focal de spill-overs, aunando esfuerzos y fomentando la investigación, el desarrollo y la innovación desde instancias públicas hacia el sector privado, entendiendo que no solo vale con “gastar más”, que también, sino que, como he querido mostrar, existen muchos ámbitos de actuación necesarios y útiles, que requieren de un mayor interés por parte de nuestro gobierno de cara al futuro crecimiento del país que, creo, todos queremos alcanzar. Miguel Puente Ajovín
(1) Impact of Public R&D Financing on Private R&D Does Financial Constraint Matter? – Jyrki Ali-Yrkko
(2) The Impact of Public R&D Expenditure on Business R&D – Dominique Guellec & Bruno van Pottelsberghe de la Potterie
(3) Modern regional innovation policy – Philip McCann & Raquel Ortega-Argilés
(4) The OECD innovation strategy: Getting a Head Start on Tomorrow.